Aventis
Emiro Vera Suarez
Las
comunidades indígenas en Venezuela vienen siendo agredidas de manera física
como ética por parte de miembros de la Asociación de Ganaderos, el ejército y
policía civil guarnecida en la Asamblea Nacional junto a dirigentes de la etnia
Mapuche chilena que fue invitada a nuestro país a una consulta en nuestro país
con el presidente bolivariano, Hugo Chávez Frías. El primer grupo vino a
Caracas a exigir sus derechos sobre La Sierra de Perija, donde conviven junto a
los Wayoo, su dirigente Sabino Romero ha sido víctima de la violencia
silenciosa del sector privado y del Estado. Es como volver a nuestro
colonialismo histórico donde la exclusión y el desplazamiento es común, donde
hay responsabilidad directa de miembros del gobierno bolivariano, violentándose
normativas de los Derechos Humanos, lo que se quiere es que las bandas
territoriales se respeten y vuelva la calma a estos territorios.
En el
caso Mapuche, dos dirigentes fueron avergonzadas de manera pública, cuando la
viceministro indígena les invito y abandono en una clara muestra de la
ineficiencia gurnamental en estos oficios y en casos particulares de la
administración pública. No es comprensible que en Venezuela, instancias
estatales persigan judicialmente a luchadores sociales indígenas como ha venido
ocurriendo con miembros del Pueblo Yukpas y ahora con la etnia Mapuche. Cuando
es una obligación latina de los Estados Sureños garantizarles seguridad y convivencia
social, avanzando de manera pluricultural y plurinacional en el acercamiento de
los pueblos indígenas.
Finalmente,
con respecto a la solidaridad y compromiso activo, quisiéramos señalar que
Venezuela es uno de los principales países en Latinoamérica que importa
productos madereros de las grandes empresas forestales chilenas que en suma de
superficie acaparan miles de hectáreas en disputa con comunidades Mapuche por
tenencia de tierras y que han sido destinadas a las plantaciones de monocultivo
de especies exóticas de pino y eucaliptus y concentradas mayoritariamente en el
centro sur de Chile, emplazadas en gran parte en el territorio ancestral del
Pueblo Mapuche. Estos grupos económicos señalados de origen golpista, han
contado con el amparo, promoción, beneficios y ventajas otorgadas por el estado
chileno desde la dictadura militar, quienes tienen hoy estratosféricas
acumulaciones de fortunas, con un lucro desproporcionado y abusivo en desmedro
de territorialidades, sus poblaciones y ecosistemas, gravemente impactados. Por
ello, si de respeto a los Derechos Humanos se trata, consideramos indispensable
una revisión a las relaciones comerciales que se han venido estableciendo, con
grupos que sistemáticamente vienen transgrediendo al Pueblo Mapuche. Sin
olvidar a los Yukpas, donde ganaderos en consonancia con funcionarios civiles y
militares ofenden a nuestros indígenas en un territorio demarcado por el propio
presidente y la ineficiencia del tren ejecutivo desde inicios de la revolución
debilita posiciones ideológicas y etnográficas de la expansión del nuevo
concepto socialista de la patria.
El
profesor Alexander Luzardo declaró en días pasados “No han pasado 500 y tantos años
y la opresión de los pueblos indígenas continúa, y eso hay que vencerlo con educación
(…) La renta petrolera también tiene que alcanzar para los indígenas, no puede
ser que alcance para todo el mundo, menos para ellos (…) para pacificar la
sierra hay que cancelar las bienhechurías, proscribir cualquier plan de
explotación de carbón en una zona que es fundamental no solo para los barí,
japreria, yukpa, sino para todo el estado Zulia, la gran reserva ecológica e
hídrica del estado, de ahí depende la vida del Zulia… La lucha yukpa, barí, de
todo el movimiento, de la Sociedad Homo et Natura, Lusbi Portillo, Sabino son
el símbolo de las luchas que nadie quiere acompañar porque no tienen ribetes
electorales, porque no se mide por elementos de tipo cuantitativo, es una lucha
ecológica, histórica”.
El profesor Alexander Luzardo, es un experto luchador
ambientalista y uno de los principales autores de las disposiciones ambientales
de la Constitución venezolana de 1999. Es proyectista de la Ley Orgánica sobre
Pueblos y Comunidades Indígenas y las normas indígenas constitucionales desde
1987, 1992 y 1999. Es precursor de los derechos indígenas en la Constitución de
Venezuela y Latinoamérica. Co-redactor de la Ley Penal del Ambiente. Ha escrito
libros sobre Derecho Ambiental. Profesor de Doctorado en la UCV y la PHD
Preston University en Derecho Ambiental y Gerencia Ambiental. Sociólogo y
Antropólogo (UCV). Dentro de sus luchas, está la denuncia del tendido eléctrico hacia
Brasil y de las concesiones mineras en la Reserva Forestal Imataca, Reserva
Forestal del Río Caura y la Cuenca del Río Caroní.
Los revolucionarios estamos indignados por esta doble violencia,
mientras la delincuencia está en la calle, los venezolanos somos agredidos
abiertamente e incluso la ineficiencia es tal, que, al propio ministro de
Electricidad, Héctor Navarro le cortan la luz con un recibo chimbo.
Hay un racismo estructural que
va desde la expropiación de empresas prosperas de inmigrantes hasta la agresión
de nuestros indígenas continentales, es un ruido y silencio forzado. Esto, hay
que afrontarlo y saber quiénes son los civiles, militares y funcionarios
dañando la dinamización del Estado, son prácticas oscuras del pasado, son
silencios en continuo. Es la UBV, Corpoelec, Misión Sucre y otras instituciones
en secuencia. Vamos pues,
Sistema Nacional de Medios Públicos, no más silencio. La única manera de
mantener la transparencia en la Esquina de Gradillas es ponerse del lado del
pueblo y sobre todo, del pueblo indígena, y en este caso específicamente, del
pueblo yukpa y Mapuche, que tienen derecho a ser yukpa y Mapuche a no compartir
la casa con sus asesinos. Esa casa es el Continente Sur. Agredido por las botas
militares y civiles ultraderechistas. El
petróleo, el oro o el coltán no son «riqueza»; para el socialismo, amante de la
vida, son minerales y energía no extraíble, a menos que caigamos en una
reacción en cadena de desequilibrios indetenibles e irreversibles. ¿Qué somos
pobres sobre un cofre de oro, como dice Correa? Sí, (pero sólo)
capitalistamente hablando. Porque el problema está en el concepto de riqueza,
concepto que hay que debatir, porque la economía nacional sigue dependiendo de
este concepto CAPITALISTA y demoledor de la vida humana. Vayamos a ese debate,
sin miedo, y sobre todo, a través de los Consejos Comunales. Sinceramente, lo dudo, aquí entre nos