Aventis
La
corrupción estremece a Venezuela y hunde el Proyecto Bolivariano ante un
presidente que no asumió con garras el ejercicio del poder y permitió que la
bota militar se impusiera en un gobierno bolivariano de civiles. Ya todo se
encuentra encartonado, todas las miradas del mundo van en dirección a
Venezuela, donde el paisaje urbano se oscurece cada día. Ya nada sorprende,
todo lo organizado por el presidente Hugo Chávez Frías se cae y las dádivas a
los países extranjeros reflejan un conjunto de sospechas, donde las adhesiones
electorales no determinan una visualización correcta de la administración
pública y, de allí su impacto en la política productiva del país
Todos los
venezolanos, estamos pagando la destrucción del país, ahora en manos de
militares que se han dedicado a reprimir al pueblo.
Dentro de
las zonas oscuras de las negociaciones financieras y comerciales con China está
el destino -eventualmente obligado- de los fondos que esta gran nación aporta
al Fondo Chino.
Se
supone que con esos fondos solo se pueden comprar bienes y servicios producidos
en China, todo lo cual se paga posteriormente con petróleo. Así, los chinos
ganan, primero, con la colocación de fondos financieros, que seguramente no son
de gratis.
En
segundo lugar, ganan con la venta de bienes y servicios, y finalmente con la
recepción de petróleo, para pagar las compras que les ha hecho Venezuela.
Se trata,
indudablemente de un buen negocio... pero solo para los chinos.
Mercosur,
desea diseñar nuevas estrategias entre los países miembros para llevar adelante
sus negociaciones y, eventualmente, acuerdos que permitan una liberación
comercial entre sus socios, dejando atrás sus compromisos con países de tendencia progresista como
Venezuela, lo cual señala, lo mal encaminada de las relaciones bilaterales.
Actualmente
la normativa vigente en el seno del Mercosur prohíbe a los países miembros
negociar con países ajenos a dicho bloque subregional ningún tipo de acuerdo
comercial que implique rebaja parcial o general de aranceles. Los acuerdos
arancelarios con terceros países solo se pueden llevar adelante si se hacen
colectivamente. Todos los países que componen el Mercosur participan de un
determinado acuerdo arancelario, o no participa ninguno. En la práctica ese
derecho a veto que tiene cada país sobre las decisiones de los demás, aun
cuando estos últimos sean mayoría, se ha traducido en que el Mercosur no se
haya abierto a negociar acuerdos de libre comercio con ninguno de los grandes
bloques o espacios comerciales que caracterizan la geografía económica mundial.
Eso ha llevado a que el Mercosur, como bloque,
no ha podido avanzar en una eventual negociación comercial con la Unión
Europea, a pesar de que llevan años en esas conversaciones, pues Argentina no
tiene mayor interés en una negociación de esa naturaleza. El Mercosur logró
consensos internos para llegar a un acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones
-el Acuerdo de Complementación Económica número 57 y también tiene como bloque
un acuerdo de Complementación Económica con Chile- el ACE 35. Esos acuerdos ya
firmados y plenamente vigentes implican que se avanza en un calendario de
desgravación arancelaria que culminará en el año 2018 de modo tal que en 2019
prácticamente toda la América del Sur será un espacio económico donde las
mercancías podrán circular de un país a otro sin pago de aranceles. Todo ello
es indudablemente positivo, pero no es suficiente, sobre todo para un país de la
proyección política y económica de Brasil. Esa política de todos o
ninguno ha impedido que algún país miembro del Mercosur pueda tener acuerdos de
libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con Japón o
con otros de los países que tiene una posición protagónica en el comercio
internacional contemporáneo.
Es
posible que Estados Unidos culmine una negociación comercial que ya está en
curso con la Unión Europea, con lo cual no solo se crearía una zona de libre
comercio que abarcaría más de la mitad del comercio y de la producción mundial,
sino que las normas y los aspectos regulatorios que se establecerían entre esos
dos grandes gigantes tendría un peso significativo en los aspectos normativos
del conjunto del comercio mundial. También Estados Unidos negocia con los más
importantes países del Asia Pacífico un acuerdo comercial, sin China, que
abriría un inmenso espacio comercial donde fluirían mercancías, en una
dirección y en otra, sin pago de aranceles. En esas inmensas transformaciones
del comercio internacional que están en curso de realizarse, el Mercosur ha
venido quedando hasta este momento al margen y se ha limitado a incrementar el
comercio entre los propios países miembros, sin salir al encuentro de terceros.
Eso es lo que está en juego en los momentos presentes. A Brasil le ha costado
tomar decisiones en esta materia, pero ha llegado finalmente a la conclusión de
que tiene que abrirse hacia el mundo contemporáneo, pues no puede seguir
dependiendo solo del comercio intra Mercosur, que ya no crece como en los
primeros tiempos y que incluso tiene que luchar cotidianamente contra los
impulsos proteccionistas de Argentina.
Venezuela,
ni hablar. Existen contradicciones fundamentalistas en su seno.
El
acuerdo que se busca en el seno del Mercosur no implica obligar a nadie a
negociar con la Unión Europea o con otros bloques comerciales relevantes del
mundo contemporáneo. Pero autoriza a los países que así lo deseen a hacerlo por
su cuenta. Eso permite avanzar a los que quieran hacerlo y quita poder de veto
a quienes se oponen a avanzar en este tipo de acuerdos internacionales. Algo
parecido sucedió en la Comunidad Andina de Naciones hace ya varios años atrás,
en que se autorizó a los países a negociar en forma autónoma, lo cual permitió
que Perú firmará un TLC con China y que Colombia firmará sendos acuerdos con
Estados Unidos y con la Unión Europea. En la jerga propia de estos acuerdos se
habla de que se definen velocidades distintas para cada país para llevar adelante
los acuerdos con terceros. Velocidades distintas es una forma elegante de decir
que algunos países pueden avanzar rápidamente en esos acuerdos con terceros y
otros pueden quedarse exactamente en el lugar en que están, es decir, mostrar
una velocidad igual a cero.
¿Y
Venezuela cómo queda en todo este nuevo cuadro? Inmersa en sus propios
problemas internos no parece preocupada por estas cuestiones que se discuten
entre Uruguay y Brasil. El resto de los países miembros del Mercosur tampoco
parecen preocupados por lo que pueda decir Venezuela. Se asume que no le gustan
las negociaciones internacionales de este tipo y que asumirá la soledad y el
aislamiento con más entusiasmo incluso que la propia Argentina.
El otro aspecto eventualmente negativo que se
levanta en las discusiones sobre los cultivos transgénicos en el Sur, tiene que
ver con el negocio que ellos representan para ciertas empresas de alta
tecnología, que producen las semillas modificadas genéticamente, y que pasan a
ser indispensables para la continuación de los cultivos una vez que los
agricultores se inician en esta práctica. Sería, en el fondo, como si se
argumentara que las instituciones que crearon los mosquitos panameños
modificados genéticamente pueden lucrarse con ello, razón por la cual es mejor
seguir combatiendo el dengue con fumigaciones de escasa efectividad. Y, en
este sentido, el ataque contra Venezuela ha sido muy fuerte y existe una proliferación
de nuevas enfermedades.
Es cierto
que hay todavía mucho terreno científico que ganar en cuanto a trabajar con
cultivos transgénicos - como lo hubo en su oportunidad en relación a las
vacunas o a los antibióticos - que parecían a simple vista cosas de magia
negra. Pero es indudable que los cultivos transgénicos abren una veta
maravillosa para algunos empresarios que puede llevar a paliar, quizás en forma
definitiva, el problema del hambre en el mundo contemporáneo. Lo mismo se puede
decir en relación a las nuevas razas animales- también modificadas géneticamente-
que producen más carne, mas leche, o que son más resistentes a enfermedades que
reducen su productividad o su rentabilidad.
El
exitoso experimento panameño sobre este tema, abre una interesante veta
para combatir enfermedades tropicales que han sido endémicas en vastas zonas de
América o de África. En la propia Venezuela la malaria, el dengue y en años
recientes el chungueara ha significado un gran problema de salud pública.
Ojalá que nuestros dirigentes en el área de la salud aprendan o traten de
copiar tanto como sea posible el ejemplo panameño, y no se dejen influenciar
por llamamientos conservadores que intentar dejar la naturaleza tal como fue
creada desde los tiempos de Adán. 
La conspiración contra el presidente
Maduro ha sido dura. Una
primera medida que hay que tomar, a mi juicio en forma urgente, es regularizar
la tenencia de la tierra. Los factores productivos no hacen inversiones de
mediano o de largo plazo en empresas que no se sabe a quién pertenecen. Pueden
hacer inversiones de corto plazo, para sacar rápidamente de allí todo lo que se
pueda sacar, para aprovechar aquello mientras las condiciones lo permitan, o
para subsistir mientas no haya oportunidades mejores. Pero inversiones
propiamente tales, no. Con propiedad indeterminada no fluyen ni los capitales
privados ni los capitales que se canalizan a través de la banca privada y del
gobierno. Hay por lo tanto que entregar la tierra a los campesinos. Hay que
entregar la tierra en propiedad, con todas las características. y cualidades de
la propiedad privada. Entregar en propiedad la tierra que se ha expropiado en
diferentes oleadas de reforma agraria, y que permanecen en limbos o en
entelequias jurídicas que son cualquier cosa menos propiedad privada. Esas
condiciones no permiten una actitud ni una actividad de alta productividad y
convierten a los campesinos en dependientes eternos de los funcionarios
gubernamentales. Hay que entregar toda esa tierra a los campesinos que han sido
usufructuarios de la misma, con título claros de propiedad, y en forma rápida,
para darles libertad y responsabilidad.
La tierra
que no ha sido expropiada legalmente, sino que ha sido meramente arrebatada, o
allí donde el proceso jurídico no se ha concluido, sino que se ha alargado
durante años, hay que devolverla a sus legítimos dueños. Porque no se
encuentran produciendo. Y devolverla rápida y totalmente. Desistirse el Estado
de toda acción legal contra esos propietarios a quienes no se les ha pagado por
la expropiación realizada, y cuyas tierras permanecen en usufructo por personas
que no tiene ningún derecho sobre la misma. Estos procesos de regularización de
la tenencia de la tierra deben hacerse en forma rápida y masiva y generar una
nueva ola de esperanza en todo el campo venezolano, de modo de romper con
inercias de décadas.
Se suele
postular que el entregar la tierra en propiedad privada a los campesinos genera
la posibilidad de que estos la vendan, con lo cual no se logra el objetivo
social que se esperaba con el proceso original de expropiación. Hay que correr
ese riesgo. No hay que tratar a los campesinos como si fueran infantes. Hay que
darles las oportunidades y las responsabilidades que la tenencia y la propiedad
de la tierra traen aparejadas. Si venden la tierra -proceso que de una u otra
manera de todos modos sucede- puede que eso les permita otra opción económica
en otra actividad, y es altamente probable que el comprador de la tierra haga
un uso productivo de la misma, pero con el título de propiedad en la mano.
La otra
gran bandera que a mi juicio debe ser levantada en la actividad agraria, es
definir un grupo de productos que sean prioritarios y centrar en ellos toda la
batería de apoyos que el estado puede dar a los productores. No todos los
productos pueden tener el carácter de prioritarios. Solo algunos. Por ejemplo,
el maíz, el arroz, el azúcar, la leche y la carne. Con un grupo de esa
naturaleza se cubre fácilmente la mitad de la tierra y de la producción
agropecuaria. Para ellos, toda la política de subsidios y de apoyos por la vía
de los créditos, de los precios, de la investigación, de los aranceles a las
importaciones, de los pagos rápidos por cosecha entregada, para los demás, las
políticas generales - incentivadoras y no restrictivas - que el estado pueda
generar, pero sin canalizar hacia ellos los créditos y subsidios estatales.
Todo ello es posible, deseable y urgente.
