Socialismo es ejercicio del poder, no es dictadura neocolonizadora

La Tecla Fértil

La democracia jamás será falseada e insultada por aquellos que le niegan garantías al pueblo y, poco le favorecen en sus programas sociales. Los derechos civiles implican el respeto de los valores humanos a la ciudadanía en general. Necesitamos en Venezuela, un proceso de reconciliación para impulsar el verdadero socialismo con el fin de restaurar nuestro ejercicio político. El pueblo, debe ir a una consulta popular para hacer respetar El Legado de Chávez y avanzar a la verdadera esencia del poder y, acabar de una vez, con el régimen autoritario que desea imponerse coartando las libertades conquistadas a través de la historia.

En este sentido, la actual ANC, debe dejar sin efecto la enmienda constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Lenin Moreno en una entrevista reciente afirma que, “el excesivo deseo de poder hace daño, vuelve a la gente siniestra”.  Hay que acabar con la represión sea de derecha o de izquierda.

La Constitución de un país, debe ser discrecional y todos los poderes del Estado, deben estar subordinadas a ella y quién ejerza la presidencia, debe respetar la independencia de tales poderes

La democracia latinoamericana ha venido sufriendo un grave quebrantamiento en su ejercicio político a lo largo de los últimos 30 años y, enmarca los tres años que, en nuestro caso, Nicolás Maduro Moros lleva en el poder, Desde entonces todos los poderes del Estado fueron subordinados al Ejecutivo que detenta el hijo de Chávez y lo ejerce en forma autoritaria.

La seguridad jurídica fue sustituida por un poder dictatorial que reconoce, reparte o niega derechos no de acuerdo con la Constitución y la Ley, sino de manera discrecional.

El peligro, es que podemos caer en un caudillismo político y, perder la autonomía constitucional, como lo perdió Siria y Turquía.

. En realidad, son incontables y muy graves los daños que algunos dirigentes izquierdistas le han hecho a la democracia. El sistema presidencialista en un momento dado, sirve para democratizar el país, tal como ocurrió en Cuba, China y Rusia, luego de pasar por amargas experiencias, los nuevos países progresistas, no deben pasar por estos traumas dados en el pasado.

Los latinoamericanos, tenemos el anhelo y el objetivo de tener derecho a la libertad y lograr que los acusados por corrupción vayan a la cárcel.

Se avecinaba, entonces las elecciones de gobernadores y las presidenciales. El pueblo de ir a votar, escoger a los gobernadores y no votar por el comediante, que se proclamaba de manera altisonante “ni corrupto ni ladrón”, solo para resultar al poco tiempo subido al mismo carrusel.

.La moraleja fundamental de todos estos hechos donde se alternan el descaro, la corrupción y la falta de respeto institucional, como si todo fuera un gran circo, es que desde las graderías la gente no se traga el espectáculo y baja a la pista, indignada, a reclamar que se detenga la función. Y, esto lo vemos en las entidades bancarias por ciudadanos de la tercera edad. Las protestas continuarán mientras la impunidad siga siendo defendida con trampas y artimañas, en burla de las leyes y la Constitución.

Nuestro Continente, viene siendo asediado por la violencia y la descomposición social y ahora se le suma, la rebeldía ciudadana, que viene siendo un activo valioso y esperanzador en el futuro institucional del país Una intolerancia saludable que ya ha demostrado en el pasado que es capaz de atajar la rapiña y los desmanes, y puede sentar a los presidentes en el banquillo de los acusados.

La democracia y la institucionalidad son claves para el crecimiento económico, La dictadura castrista de Venezuela, mediante su constituyente intenta la construcción de un sistema como el cubano. Su trabajo inmediato es desmantelar todo lo que se oponga al poder absoluto. La constituyente de Maduro es un organismo apócrifo, carente de legalidad ni legitimidad, es un órgano de facto, por lo que sus actos y órdenes son hechos delictivos que nadie puede ni debe cumplir, pues los actos de quienes usurpan funciones o ejercen jurisdicción o potestad que no emanan de la ley son nulos de pleno derecho y existen acciones legales para defender la democracia.

Para que el acto de un órgano o funcionario público sea válido debe estar fundado en la legal composición del órgano o designación del funcionario, debe poseer la capacidad conferida por ley que se conoce como competencia, y debe tratarse de una decisión que esté en el marco de su potestad entendida como “el dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo”. Si tales elementos no existen, serán entonces actos delictivos que están tipificados como: “Usurpación de funciones”, “suplantación de autoridad”, “atribuirse los derechos del pueblo”, “conspiración”.

La constituyente dictatorial de Venezuela desde el momento mismo en que tomó por la fuerza las instalaciones de la Asamblea Nacional ha cometido actos nulos de pleno derecho que no pueden ser obedecidos ni tomados en cuenta por ningún ciudadano, estado, ni por ninguna organización. Pero además de la nulidad, sus miembros cometieron delitos. Esa mezcla dictatorial de acto nulo y delictivo ha continuado ilimitadamente por la constituyente de Maduro al “atribuirse todos los derechos del pueblo venezolano”, y aquellos como la destitución de la fiscal y la pretendida eliminación de la Asamblea Nacional.

La reivindicación del Estado como instrumento de concertación, integración y regulación social debe provenir de un acto consciente y de un acuerdo de voluntades, un contrato social en el que se restablezcan los puntos de referencia y el plano de coincidencias mínimas de la sociedad contemporánea, y no de una demostración de poder que reivindica el derecho de la fuerza, y pretende hacer de la violencia el fundamento de la legalidad y la legitimidad.

En un verdadero sistema democrático, Estado y mercado no deben ser términos contradictorios y excluyentes, ni solo unificados para satisfacer sus propios intereses utilitarios, sino factores complementarios de una misma realidad, subordinados ambos a los principios y valores de la democracia. Pero en verdad, más allá de la forma de relación entre la economía y la política, la fractura de fondo que disgrega en forma altamente peligrosa la estructura moral de la democracia en nuestro tiempo, se da entre acción y razón, entre conducta y ética.

Otro aspecto, opuesto al de la contradicción Estado-mercado y que afecta el concepto y práctica de la democracia, es la relación entre ambos a través de la cual configuran una sólida y omnipotente unidad, en la que la práctica política y los valores y principios de la democracia, quedan subordinados a los intereses económicos y financieros.

Los hechos no obedecen a la razón ni a la moral y ante esto no existe aún una nueva propuesta conceptual y ética que permita superar esa situación. Los medios se han transformado en fines y actúan en forma arbitraria sin un principio ordenador y de justificación racional.

El pensamiento está, en cierta forma, al margen de una situación en donde el poder actúa por sí y ante sí, sin ningún referente, principio o fin que trascienda sus propios intereses.

En este contexto, caracterizado de una parte, por una integración de intereses utilitarios entre Estado y mercado, y de otra, por una ruptura entre acción y razón, entre la realidad práctica y los fines, valores y objetivos de la democracia, debe analizarse la crisis que afecta a la política en general y tratar de encontrar, o de construir, una racionalidad y una ética, que den respuesta a los problemas de la democracia en el mundo contemporáneo.

La reivindicación del Estado como instrumento de concertación, integración y regulación social debe provenir de un acto consciente y de un acuerdo de voluntades, un contrato social en el que se restablezcan los puntos de referencia y el plano de coincidencias mínimas de la sociedad contemporánea, y no de una demostración de poder que reivindica el derecho de la fuerza, y pretende hacer de la violencia el fundamento de la legalidad y la legitimidad.

Promover la representación y la participación ciudadanas, y fortalecer el mecanismo de partidos políticos a partir de su propia organización y de su funcionamiento interno y externo, son medidas necesarias para el fortalecimiento del sistema democrático.

Restablecer el verdadero sentido de la democracia y el Estado de Derecho, tanto ante un poder que no solo pulveriza los valores, sino que además pretende hacer creer que actúa en nombre de ellos, como ante un sistema cuyo funcionamiento la degrada y devalúa, es un desafío ineludible de la política, la ética y la filosofía en el presente.